En República Dominicana hay un dicho popular
que dice, "en el país no es necesario la creación de más leyes sino que se
apliquen de manera correcta las existentes". Es ahí donde radica el desafío que
tiene el Instituto de Transporte Terrestre (INTRANT), creado mediante la Ley
No. 63-17, que lo define como el órgano nacional rector del sistema de
movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República
Dominicana. Siendo este, un organismo de máxima importancia para nuestra
sociedad.
En el mundo cada 24 segundos hay una muerte en las carreteras, solo en República Dominicana en 2016 se registraron 3,118 personas fallecidas
y 2,804 muertes en 2017, donde de acuerdo al Informe
de la Organización Mundial de la Salud sobre el Estado Mundial de la Seguridad Vial 2018, en la República Dominicana de cada muerte por accidentes de tránsito el 67%
fueron personas que se trasladaban en motocicletas, un 17% eran peatones y el 11%
eran personas que perdieron sus vidas mientras conducían o se trasladaban en vehículos
livianos. Nuestros amigos y familiares están perdiendo sus vidas en las carreteras, siendo
los jóvenes entre 15 a 29 años las principales víctimas. Entonces, hablar del tránsito en
la República Dominicana, es tratar un tema sobre vida o muerte. Además, se
agrega el impacto que significa para el Estado, el gasto en salud para los
accidentados, así como en la productividad de los sectores empresariales con la pérdida
o recuperación de sus empleados. Por lo que el accionar de quienes dirigen las
instituciones relativas a regular el tránsito, están obligados a actuar en el
marco del bien social y colectivo.
La misma Ley 63-17 crea la Dirección General de Seguridad de
Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), quien asumió las atribuciones y
competencias que correspondían a la Autoridad Metropolitana de Transporte
(AMET), ahora bajo la dependencia de la Policía Nacional. Donde sus agentes son los responsables de
viabilizar, fiscalizar, supervisar, ejercer el control y vigilancia en las vías
públicas. Los Agentes de la DIGESETT
tienen la atribución por Ley de detener o inspeccionar cualquier vehículo o
solicitar las documentaciones requeridas cuando a su juicio el mismo estuviere
siendo usado en violación a la ley. A tales fines, están autorizados para
bloquear el paso de vehículos en la vía pública cuando los conductores se
nieguen a detenerse. Las violaciones a las disposiciones establecidas en la Ley
63-17 tienen como uno de sus elementos de sanción las multas, equivalentes a
salarios mínimos del sector público, según la
gravedad de la infracción
Durante
el discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, el presidente
Danilo Medina informaba que a partir del primero de abril 2019, se aumentará el
salario mínimo del sector público de RD$5,117 a RD$10,000. Siendo esto motivo de
alegría y júbilo para aquellos servidores públicos que devengan ese monto
mensual en la actualidad. Sin embargo, los conductores deben estar conscientes
que las multas en materia de tránsito a partir del 1ero de abril 2019 también tendrán
nuevos montos.
Acá
un resumen de las infracciones más comunes y cuales serán los nuevos montos mínimos
a partir de abril 2019:
- ·
No
respetar las señales del semáforo = RD$10,000
- ·
Falta
de luces en motocicletas = RD$ 10,000
- ·
Mayor
número de pasajeros permitido por el vehículo = RD$10,000
- ·
Conducir
sin placa = RD$10,000
- ·
Conducir
con placas mutiladas, alteradas, fotocopiadas, etc.= RD$10,000
- ·
No
respetar marcas en el pavimento, bordillo y en el contén = RD$10,000
- ·
Transportar
cargas en vehículos destinados al transporte público de pasajeros, según el artículo
62, ahora serán RD$ 30,000
- ·
Uso
de animales como medio de tracción en las vías públicas, según artículo 63,
ahora costarán, RD$5,000
- ·
Modificar
capacidad de asientos del vehículo = RD$10,000
- ·
Niños
menores de 8 años en motocicletas y de más de dos pasajeros = RD $10,000

Las
leyes están, los responsables de aplicarla han de conocer su rol, es solo cuestión
de ponerla en práctica. Y como se han dando cuenta, los agentes de la DIGESETT tiene sobre
sus hombros un gran poder, pero también una gran responsabilidad en fiscalizar
con un alto sentido de justicia e imparcialidad, para que puedan tener la suficiente
autoridad moral ante una sociedad cada vez más crítica y consciente de sus
derechos.
Fuentes:
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